Ayer, en Córdoba, más de 100 mil personas marcharon desde el centro de la ciudad hasta Tribunales Federales I para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hace una semana habilitó la aplicación del beneficio del «2×1» a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
A la convocatoria adhirieron diferentes espacios políticos, culturales, sociales y educativos de Córdoba, en tanto que la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales se unió a este repudio generalizado de la ciudadanía a través de una resolución del Consejo Consultivo y con su participación activa en la marcha de la víspera.
Las distinciones de los grupos y personas que marcharon, se homogeneizaron en el uso del pañuelo blanco, símbolo de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país. Así, las miles de personas con pañuelos blancos, pancartas y consignas contra el fallo dejaron en claro su oposición a la aplicación del beneficio jurídico para personas que participaron en la represión.
Bajo las consignas: “Ningún genocida libre”, “No al 2×1”, “Que la corte no libere lo que el pueblo condenó”, “Todos a la calle, que la lucha no se calle”, «A donde vayan los iremos a buscar», «Como a los nazis les va pasar, a donde vayan los iremos a buscar», los manifestantes repudiaron la decisión de la Corte Suprema de beneficiar con el 2×1 a detenidos por delitos de lesa humanidad.
Las palabras de Sonia Torres, Marcelo Yornet, Mirta Iriondo y Adriana Ochoa fueron las que se escucharon desde el escenario. Su discurso fue unánime en el camino de la lucha histórica y ejemplar que en la Argentina se lleva a delante desde hace más de 40 años por Memoria, Verdad y Justicia. Al tiempo que condenaron el fallo de la corte, pidieron que se realice un juicio político a los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que aprobaron el 2×1.
Posición de la FCS
El Consejo Académico Consultivo de la FCS emitió una resolución en la que repudia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplica el beneficio de la derogada Ley 24.390 «Plazos de prisión preventiva» (conocida del llamado “2X1”) a condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina, al tiempo que convocó a la comunidad a la marcha citada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba para el 10 de mayo a las 18 en la ex Plaza Vélez Sársfield.
El repudio se fundamenta en que ese fallo «niega los avances jurisprudenciales y los tratados internacionales que consagraron una categoría de derechos violentados, cuya imprescriptibilidad se funda en su gravedad, por los bienes que afecta y por la afrenta a la dignidad humana que implican».