Ante los anuncios del Poder Ejecutivo nacional respecto de bajar la edad de imputabilidad de niños, niñas y adolescentes, el Consejo Consultivo de la Facultad reafirmó, mediante Res.156/2017, la necesidad de avanzar en la Reforma del Sistema Penal Juvenil acorde al enfoque de derechos.
Además, la FCS busca aportar en la discusión pública y sensibilizar sobre la temática y avala una serie de actividades en torno a su esclarecimiento.
Entre los considerandos de la resolución se resalta que bajar la edad de imputabilidad no afecta las condiciones de seguridad en general, y por contrario, tal como numerosas investigaciones han dado cuenta, la criminalización temprana a NNA genera condiciones para la reincidencia adulta e incumple las obligaciones estatales asumidas antes organismos de derechos humanos internacionales.
La resolución del Cuerpo destaca que la causa de violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a adolescentes y jóvenes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas delictivas comandadas por adultos. En ese sentido, asegura que «bajar la edad de imputabilidad es ineficaz y sólo contribuye a aumentar la violencia social, a profundizar la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes pobres frente a la persecución policial y la estigmatización social».
Por estos motivos, el Consejo Consultivo de la FCS reafirma la necesidad de avanzar en la Reforma del Sistema Penal Juvenil acorde al enfoque de derechos, al tiempo que expresa preocupación por el anuncio del Poder Ejecutivo respecto a bajar la edad de imputabilidad de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, manifiesta su «contundente oposición» al tratamiento represivo y criminalización de niños, niñas y adolescentes, en tanto que asume el compromiso de desarrollar actividades de sensibilización, esclarecimiento y capacitación en torno a la temática.
En ese sentido, invita a los Consejos Directivos de las demás facultades y al Consejo Superior de la UNC a pronunciarse en contra de la iniciativa del gobierno nacional, y convoca a la comunidad universitaria a debatir sobre este tema en las aulas, entendiendo que forma parte de la formación ciudadana.
Por último, el Consejo avala una serie de actividades a realizar con actores sociales.