La defensa de la igualdad política es parte de los procesos de normalización

Por Silvina Cuella*
 
El próximo 19 de noviembre, la UNC se propone a través de la Asamblea Universitaria, máximo órgano de nuestro gobierno, debatir y aprobar dos temas centrales vinculados a su sistema político, conocidos desde hace varios años como “reforma política”, que implican centralmente un cambio en el mecanismo de elección de autoridades unipersonales -rector/vicerrector, decanos/vicedecanos-, y la incorporación de representantes de la comunidad al H. Consejo Superior.
 
Reconocemos este debate como continuidad al proceso de reformas que se iniciaron en el año 2011, con las modificaciones en la modalidad de elección de consiliarios docentes, y la limitación a la reelegibilidad de autoridades unipersonales. La transformación de los sistemas electorales orientada hacia la democratización, la participación igualitaria y la ampliación de la ciudadanía es una deuda pendiente en nuestra Universidad, camino que tiene sus antecedentes en las comunidades (o en parte de ellas) de las hoy Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación.
 
Para la actual oportunidad, el HCS dispuso la creación de una Comisión Ad hoc (Resolución 1078/2016) HCS, ante la cual se debían presentar las propuestas con fecha límite el 11 de octubre del corriente año. Se presentaron ocho propuestas relativas al mecanismo de elección de autoridades unipersonales, y dos referidas a la integración de representantes del Consejo Consultivo al HCS. A partir de ese momento, toman estado público las distintas modalidades contenidas en las propuestas, lo que marca un nuevo rumbo en el estado de deliberación, al menos en lo que respecta a la Facultad de Ciencias Sociales.
 
El proyecto liderado por el oficialismo de la UNC propone un sistema electoral de elección directa con simple ponderación (claustros), lo que implica un único padrón para cada estamento: docentes, estudiantes, graduados y nodocentes. La principal consecuencia de esta propuesta tiene implicancias directas respecto del peso relativo de las distintas facultades de la UNC en el nuevo sistema electoral, ya que concentraría más del 50 por ciento de los votos en las cuatro facultades más grandes: Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que de manera no casual, hoy aportan a la estructura de gestión de la Universidad. El Sr. Rector y el Vicerrector de Extensión provienen de la Facultad de Ciencias Médicas, el Vicerrector, de Derecho, y el Secretario General, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
 
Las nuevas reglas de juego que se pretenden aprobar violentan el espíritu por el cual nuestra comunidad universitaria de manera genuina afrontó el debate sobre las limitaciones del sistema de elecciones indirectas, pretendiendo avanzar en un sistema más democrático, plural y transparente. Por el contrario, condena a las once facultades restantes a la marginalidad y subalternidad política, lo que tiene indudablemente consecuencias en las condiciones materiales y simbólicas en las que desarrollamos las tareas universitarias. Sobre ello, mucho podemos reflexionar las comunidades provenientes de las ex Escuelas de Trabajo Social y Ciencias de la Información, como así también quienes aún no tienen ciudadanía política en nuestra Universidad.
 
Sin dudas, éstos han sido parte de los desafíos asumidos en la discusión que encarnaron los últimos proyectos de creación de nuevas Facultades, me refiero a la Facultad de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Comunicación, pero también a las facultades de Psicología, Lenguas y Artes, todas ellas creadas en los últimos años. Por lo que entendemos, no se trata de la disputa legítima de las coaliciones políticas que tiene nuestra Universidad, que representan un conjunto de ideales respecto de la universidad pública, sino de la defensa legítima de los intereses de las facultades que representamos y a las que nos debemos, y en tal sentido sostenemos que dicha defensa es parte inherente a las tareas que nos han encomendado para este proceso, además de las que devienen de lo dispuesto por la Asamblea Universitaria de diciembre del año 2015. No asumir este desafío en nombre del trabajo interno que debemos realizar es la negación misma a nuestra historia, que es fundamentalmente el reclamo por el derecho a participar de la vida política de la UNC en igual condición y posición.
 
Por ello la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, reunida el día 11 de noviembre en sesión ampliada del HCCFCS, aprobó el pedido de postergación de la Asamblea Universitaria sobre la referida reforma política, entendiendo que no ponemos en peligro la institucionalidad de la Universidad, en tanto las actuales autoridades cuentan con mandato hasta el año 2019, año posterior al período a normalizar asignado a nuestras facultades (Ciencias Sociales y Comunicación). De esta manera, se garantiza la igualdad política de las quince facultades en la participación y toma de decisión sobre la reforma política de la Universidad Nacional de Córdoba.
 
*Decana Normalizadora de la Facultad de Ciencias Sociales